FUJIMORI PRO SENDERISTA

¿Estamos en deuda con Alberto Fujimori por habernos salvado del terrorismo senderista y emerretista? mmm... algunos dirían que son los terroristas los que están en deuda con Fujimori. Para tener un poco mas claras las cosas, les recomiendo este buen artículo de Rubén Vargas Céspedes, especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, publicado en El Comercio:














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De terroristas a pobres víctimas
Por: Rubén Vargas Céspedes


La legislación antiterrorista del gobierno de Fujimori terminó convirtiendo a los asesinos de Sendero Luminoso y el MRTA en víctimas. Veamos cómo ocurrió esto.

En mayo de 1992, inmediatamente después del golpe de Estado, se promulgó el Decreto Ley 25475, que tipificó el delito de terrorismo como una figura abierta, creó los jueces sin rostro y ordenó la incomunicación del detenido, incluso de su abogado. Meses después, se promulgó el Decreto Ley 25659, que tipificó el delito de traición a la patria y encargó a las Fuerzas Armadas su juzgamiento.

Ambas normas evidentemente violaban principios constitucionales y penales básicos. Así lo entendió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en la sentencia del Caso Castillo Petruzzi, emitida en mayo de 1999, cuando Fujimori aún era presidente, estableció que la mencionada legislación era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y ordenó la anulación del proceso y la realización de uno nuevo, donde se garantice el respeto a sus derechos. Otros mandos terroristas, utilizando los argumentos de la sentencia de la CIDH, alegaron ser igualmente víctimas y, a través de demandas de hábeas corpus, consiguieron la anulación de sus sentencias. Posteriormente, en enero del 2003, el TC emitió una sentencia (Exp. N° 010-2002-AI/TC), en la que declaró inconstitucional el delito de traición a la patria y ordenó la realización de nuevos procesos para todos los sentenciados por este delito. ¿Entonces, no fue acaso esa legislación fujimorista, llamada paradójicamente dura e inflexible, la que permitió a los terroristas alegar la violación de sus derechos, rebajar sus penas y conseguir su libertad?

Pero no es solo esto, los decretos que normaron la colaboración eficaz (que bien aplicados sí ayudaron a combatir el terrorismo), ocasionaron que cientos de personas inocentes terminaran sentenciadas a penas de hasta 30 años de cárcel. Al darse cuenta de tamaña injusticia, el propio Fujimori tuvo que “indultar” a más de 600 inocentes. Y hay más. Durante el régimen fujimorista se han dado los mayores beneficios y prebendas carcelarias a la cúpula terrorista de SL: Abimael Guzmán, recluido en un penal de máxima seguridad, cohabitaba con Miriam, su actual pareja sentimental, tenía acceso a una biblioteca personal, realizaba llamadas nacionales e internacionales a sus secuaces, tenía tortas de cumpleaños y escuchaba música de Frank Sinatra en la prisión, todo esto, por si alguien ya no lo recuerda, fue registrado por el “Doc” en sus famosos “vladivideos”.

Es más, según manifestaciones de varios cabecillas senderistas, el gobierno de Fujimori les brindaba las facilidades (transporte y alimentación) para que el comité central realice sus reuniones en la celda de Guzmán, supuestamente para discutir el “acuerdo de paz” que, posteriormente devino en la estrategia conocida como “solución política a los problemas derivados de la guerra interna”, bandera que hasta la fecha siguen levantando los terroristas libres del Huallaga cada vez que emboscan a las fuerzas del orden.

En conclusión, los grandes responsables de que los terroristas terminen como víctimas, incluso con derecho a pedir indemnizaciones al Estado Peruano, son los que usurparon el poder y los que ahora se presentan como severos críticos de las liberaciones; precisamente ellos son los que construyeron la llamada “legislación antiterrorista de emergencia”.

Publicado el 21 de Junio del 2010 en El Comercio